La preocupación pública por la mala conducta en la investigación
salió a la luz por primera vez a principios de 1980, luego de
la emisión de informes de casos de atroces inmoralidades. Un
investigador publicó bajo su propio nombre docenas de artículos
previamente publicados por otros. Otros investigadores falsificaron
o fabricaron resultados de investigación de una u otra forma.
Para empeorar las cosas, parecía que las instituciones de investigación
a veces ignoraban o deliberadamente cubrían los problemas en
vez de investigarlos. Eventualmente el congreso intervino requiriendo
que las agencias federales e instituciones de investigación
desarrollaran políticas para el mal comportamiento en la investigación.
Estas políticas proveen pautas para la conducta responsable
en tres áreas:
- establecen definiciones de la mala conducta en la investigación,
- delinean los procedimientos para informar e investigar la mala
conducta, y
- proveen protección para las personas que informan de la
mala conducta y para las personas que son acusadas de mala conducta.
En conjunto, las definiciones y procedimientos para manejar reclamos
de mala conducta en investigación conforman un fundamento inicial
para la auto-regulación efectiva en investigación.
Aunque las políticas federales técnicamente se aplican
sólo a la investigación financiada federalmente, muchas
instituciones de investigación aplican políticas federales
de mala conducta en investigación a toda su investigación.
Muchas instituciones han ampliado también las definiciones federales
básicas, para incluir otras prácticas inapropiadas. En
conjunto, las políticas federales e institucionales de mala
conducta de investigación definen las prácticas que los
investigadores deben evitar. Si no son evitadas, se puede llegar a
la terminación del empleo, o la imposibilidad de recibir financiamiento
federal.